Un caso inédito en el ámbito editorial y periodístico mexicano ha tomado fuerza tras el fallo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a favor de Violeta Vizcarra, figura pública señalada en el libro Las señoras del narco: Amar en el infierno, escrito por Anabel Hernández. El organismo federal determinó que Penguin Random House Grupo Editorial S.A. de C.V. y la autora incurrieron en violaciones múltiples al utilizar una fotografía de la socialité sin su autorización.
Uso no autorizado y daño a la reputación
El IMPI emitió su resolución el 21 de mayo de 2025 bajo el número I.M.C./2213/2023/I-346/27046, destacando que la imagen de Vizcarra, empleada en la portada y páginas interiores del texto, fue tomada directamente de sus perfiles de redes sociales sin consentimiento previo. Además del incumplimiento legal sobre derechos de imagen, se consideró que este acto afectó su presunción de inocencia y dignidad. La sanción económica impuesta fue de más de 500,000 pesos.
Posible compensación millonaria
La resolución abre la puerta para que Vizcarra reclame una indemnización por daños y perjuicios equivalente hasta al 40% de las ventas netas del libro, cuyo precio en México es de 389 pesos por unidad. Este porcentaje podría representar una suma significativa, convirtiendo el caso en el primero de una persona mencionada en obras de la periodista en obtener este tipo de victoria judicial.
Un perfil mediático cuestionado
Vizcarra, originaria de Torreón, Coahuila, y nacida el 20 de mayo de 1984, saltó a la fama al participar a los 20 años en un certamen de belleza en Gómez Palacio, Durango. Según investigaciones presentadas por Hernández, mantuvo vínculos con Arturo Beltrán Leyva, conocido como “El Barbas”, y actuó como intermediaria entre celebridades y círculos delictivos. Personajes como Alejandro Basteri y Pablo Montero, así como eventos en fiestas exclusivas, aparecen ligados a su entorno en las páginas del libro.
Repercusiones legales y periodísticas
El fallo judicial establece un precedente crucial en torno al uso de imágenes privadas en publicaciones informativas, dejando en claro que ni siquiera investigaciones basadas en documentos oficiales eximen a los medios del cumplimiento de normas legales básicas. Para Anabel Hernández, cuya trayectoria se ha centrado en revelaciones sobre el narcotráfico, este revés podría generar dudas sobre la metodología de sus futuros trabajos.
“El caso también representa un revés significativo para Anabel Hernández, cuya reputación como periodista investigativa podría verse cuestionada ante futuros litigios de características similares.”
El debate sobre los límites entre libertad de expresión, interés público y protección de derechos individuales se ha intensificado con esta decisión. Mientras Vizcarra analiza los pasos a seguir para obtener la compensación económica pendiente, Penguin Random House enfrenta una situación de alta visibilidad que podría afectar su posicionamiento en el mercado editorial.
